Perú, país de defensores: Basta de asesinarlos
15 junio, 2022Llegan a Lima más de 70 defensores de todo el Perú ante ola de asesinatos, persecución judicial y contaminación en sus regiones para participar del Encuentro Nacional de Defensores y de acciones de incidencia.
Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores, en el mundo. La violencia contra los defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos está fuera de control a nivel nacional. Por cada defensor ambiental asesinado, todos estamos en riesgo de perder nuestros medios de vida, seguridad alimentaria, tierras ancestrales, fuentes de agua, hogares e incluso nuestras propias vidas.
Las defensoras y defensores deben ser reconocidos como actores imprescindibles para una sociedad democrática e importantes en nuestra lucha contra el cambio climático. Día a día luchan por la defensa del territorio, del medio ambiente y de la vida frente a actividades extractivas, tala ilegal, etc. Como Miguel Meza, defensor de Arequipa, quien desde hace años protesta contra la realización del proyecto minero Tía María, y que por esa razón, ha sufrido amenazas contra su vida. Otro caso es el de la defensora de Cajamarca, Juana Martínez quien ha sido amenazada ante la expansión de la minera XMLs, la cual extrae metal en la zona de Choropampa y genera contaminación que afecta a las comunidades aledañas.
Frente a la situación de vulneración que viven los defensores y defensoras, la Campaña Nacional Permanente de Defensores y Defensoras del Perú, impulsada por cerca de 20 organizaciones de la sociedad civil, anuncia la llegada de más de 70 defensores de derechos humanos y del ambiente de más de 20 regiones del país a la ciudad de Lima este 15, 16 y 17 de junio para participar del Encuentro Nacional de Defensores y de acciones de incidencia para exigir un alto a la violencia extrema que sufren en sus regiones por proteger nuestros territorios naturales, el agua y la vida.
El espacio que reúne a defensores de Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno, Ica, Moquegua, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Áncash, Cajamarca, La libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Junín, Pasco, Ayacucho y Lima; tiene como objetivo: (1) Analizar y conocer la situación actual de los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales (DDHA) en el Perú tomando en cuenta los diagnósticos macro regionales que han realizado (2) Conocer y evaluar los avances en la implementación de las políticas públicas de protección de las y los defensores de DDHA en el Perú, (3) Elaborar una agenda conjunta entre las y los defensores de DDHA (Costa, Amazonía, Sur y Centro) del país para desarrollar acciones de incidencia. (4) Promover acuerdos sobre la implementación de modelos de autoprotección para las y los defensores en situación de mayor riesgo y generar redes de apoyo y solidaridad a nivel nacional.
Además, el encuentro nacional generará un espacio de autoformación, organización y reflexión para exigirle al Estado garantice acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea de batalla para proteger los recursos naturales de todas y todos los peruanos.
Realizarán Plantón frente al Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior
El día viernes 17 de junio, desde las 10 am, defensores convocan a un plantón - movilización frente al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior, debido a que son permanentemente detenidos, estigmatizados y hostigados por las instituciones del Estado, principalmente por el sistema de justicia y la PNP.
Exigen implementación de mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras.
Por esa razón, piden al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto adecuado el Mecanismo para la protección de defensores aprobado hace un año por el Ejecutivo, a fin de garantizar efectivamente la seguridad de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra. Así mismo, piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia que establezca pautas que prevengan y eviten la criminalización de la protesta.