“Nos han quitado nuestra libertad”- En memoria de Juan López

Texto original publicado 21/10/2020. Volvemos a publicar la entrevista en memoria de Juan López, asesinado el 14 de septiembre 2024.

Juan López vive en Tocoa y trabaja con la organización socia de Diakonia, Fundación San Alonso Rodríguez. Lleva muchos años siendo defensor, pero su activismo ha venido creciendo cada vez más al ver las injusticias en el territorio.
Cuando llegó a Tocoa hace 17 años todo era muy diferente, era mucho más tranquilo. Hoy Tocoa es el municipio más militarizado en todo Honduras y su población vive un hostigamiento e intimidación constante por las fuerzas armadas. La razón de este cambio es la instalación de la empresa minera, Los Pinares, que llegó en el 2013 para explotar hierro en la zona.

“Es una realidad tan fuerte y dolorosa, pero abrazamos esta cruz, no la construimos, pero nos tocó cargarla y asumir esta responsabilidad.”

Caso emblemático
Según el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), en el año 2019 existían 854 proyectos extractivistas en solicitud en el país, de estos, 371 se habían instalado de forma ilegal en las comunidades, violando el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el estado hondureño en el año 1995. El caso de Tocoa, más conocido como Guapinol -por el nombre del río contaminado-, es uno de los más emblemáticos del país no solamente porque el proyecto se desarrolla en un parque natural, sino por la fuerte criminalización y represión de las personas que se han opuesto a él.

En su totalidad, hay 32 defensores de la comunidad que son acusados injustamente por delitos graves, entre ellos está Juan López.

El desalojo
La comunidad de Guapinol ha desarrollado varias acciones pacifistas sin respuesta para que las autoridades escuchen y detengan la exploración. La más significativa fue la instalación de un campamento en la carretera construida por la empresa. Después de 88 días, el 27 de octubre del 2018 llegó la policía para desalojar el campamento en el cual en ese momento había cerca de 400 personas, entre ellos varios niños y jóvenes. Fue un desalojo violento ejecutado por más de 1300 policías con tanques, fusiles y pistolas.

“Parecía una guerra. La policía tiraba gases y piedras. El uso de fuerza fue muy desproporcionado. Eran prácticamente tres hombres armados por manifestante, varios de ellos niños. Un compañero fue torturado. Él denunció, pero no ha pasado nada”, cuenta Juan.

Después del desalojo, la militarización aumentó en Tocoa y se instaló una unidad militar fija en la entrada a la empresa, que vigila el movimiento de personas 24 horas del día, 7 días por semana.

“Hay acciones de demostración de fuerza continuamente. Quieren meter miedo, y lo han logrado. Justifican la militarización por otras cosas, pero lo que realmente se está haciendo es vigilar la resistencia a la empresa.”

La tensión aumentaba
La tensión ha seguido aumentando, y después de otro encuentro entre la comunidad y la empresa, en el cual hubo una persona de la comunidad herida por balas y un vehículo quemado, 32 defensores fueron llamados a comparecerse ante la autoridad.

“Junto con 10 compañeros tomamos la decisión de presentarnos voluntariamente. Después de 12 días en una cárcel de alta seguridad, salimos libres. El juez determinó que no éramos responsables.”

La Corte de Apelaciones revocó la decisión, y hoy Juan y los otros compañeros están viviendo de nuevo una inseguridad jurídica, y en el medio del conflicto, la empresa recibió una renovación de contrato por cinco años más.

“Hay miedo porque nos siguen acusando y esta vez por delitos más graves. Por lo que nos acusan existe 90 % de seguridad que la puerta de la cárcel está abierta a recibirnos.”

Otros 8 compañeros acusados llevan más de un año en prisión preventiva.

“Se les ha negado todos sus derechos. Los quieren asociar con el crimen organizado. No tenemos seguridad ninguna. La justicia de Honduras es de las peores.”

Falta de seguridad
Los defensores no están solamente viviendo la inseguridad jurídica, sino también la persecución y las amenazas constantes en contra de su vida. Juan cuenta cómo la situación de falta de seguridad genera una crisis de carácter psicológica. Ya no puede compartir con su familia de la misma manera como antes. Ir a jugar futbol al parque, por ejemplo, no es posible.
Pero el amor le lleva a seguir.

A defender su comunidad, la vida, la naturaleza, la educación y la salud de todos. Está convencido de que hay que seguir dando la batalla contra el sistema jurídico y económico de Honduras.

“El extractivismo es un régimen que nos quiere destruir. Quiere destruir a las comunidades y al tejido social. No me voy a esconder ante un sistema injusto. Donde digan allí iré. Yo sé que soy inocente y donde esté la mentira también tiene que estar la verdad.”

Premio Sájarov
El pasado 12 de octubre, los defensores de Guapinol y Berta Cáceres fueron preseleccionados entre un grupo de tres finalistas para el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2020, el máximo galardón de este ente europeo que honra a individuos y grupos de personas que han dedicado sus vidas a la defensa de los derechos humanos.

“Agradecemos la solidaridad nacional e internacional, este reconocimiento nos da energía para seguir adelante en esta batalla. Queremos que la gente conozca, que sepan de nuestra lucha.”

Municipio libre de minería
En noviembre de 2019 se realizó un cabildo abierto en Tocoa, donde participaron cerca de seis mil personas que declararon el municipio libre de minería. El Covid ha parado un poco el movimiento, pero la resistencia de la comunidad sigue viva

“Hemos ido a visitar a las familias en las comunidades y nos dicen, cuando necesiten estaremos de nuevo en las calles. Cuando haya que salir, estamos listos”, termina Juan.