Celebramos la libertad de los defensores de Guapinol

CELEBRAMOS LA LIBERTAD DE LOS DEFENSORES DE GUAPINOL, PERO CONDENAMOS LOS RETRASOS DE LA JUSTICIA Y LA IMPUNIDAD DE LOS DAÑOS AMBIENTALES

El Espacio de Agencias Internacionales ACI celebra las resoluciones dictadas por la Sala de lo Constitucional del 10 de febrero de 2022, mediante el cual se revierte la sentencia condenatoria dictada un día antes por el Tribunal de Sentencia de Tocoa en contra de 6 defensores ambientales de la comunidad de Guapinol que los condenaba por delitos graves por la defensa legítima del medio ambiente y la soberanía comunitaria, derechos protegidos en convenios internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado de Honduras.

Es importante recordar el origen del conflicto en la comunidad de Guapinol, el cual surge a raíz del otorgamiento en el año 2014 de una concesión minera a la empresa Inversiones los Pinares (antes llamada Emco Mining), misma que se instala sobre un Parque Nacional, Montaña de Botaderos o Parque Nacional Carlos Escaleras. En el año 2012 el Congreso Nacional concedió a ese parque la categoría de área nacional protegida mediante decreto 127-2012, y por tanto se prohíbe realizar actividades mineras y cualquier otra actividad humana por tratarse de una zona de recarga hídrica o fuente de agua para el municipio de Tocoa, con impacto directo sobre los ríos Guapinol y San Pedro.

En el año 2013 el mismo Congreso Nacional redujo la zona núcleo de dicho parque y toda el área disminuida curiosamente coincide con dos concesiones mineras solicitadas previamente por la Empresa Inversiones Los Pinares. Estos graves hechos que suponen varios delitos no han sido investigados y mucho menos judicializados para retornar la reserva o parque natural “Carlos Escaleras” a su estado original y preservar la naturaleza y biodiversidad que en él se asienta.

Por esa razón y por otras como vicios evidentes en la forma del procesamiento a los acusados por la defensa del río Guapinol, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, concluyó que la detención de los ocho defensores era arbitraria ya que “ su detención no se llevó a cabo de conformidad con el procedimiento legal establecido y no contempló las debidas garantías de un Estado de Derecho, por lo que se insta al Estado de Honduras a poner a los ocho defensores inmediatamente en libertad, concediéndoles el derecho efectivo a obtener tanto una indemnización como la necesaria reparación a la vulneración de sus derechos”.

Miembros del Espacio ACI y de otras organizaciones nacionales e internacionales hemos participado como observadores del juicio, y hemos podido constatar a lo largo de más de dos años la fragilidad de la independencia judicial, el tráfico de influencias de los grupos económicos y la vulnerabilidad en la que se ejerce la defensa de los derechos humanos en el país, especialmente la defensa ambiental o de los bienes colectivos comunes.

El Juicio de Guapinol llega a su fin con respecto a los 8 compañeros presos, los cuales deben ser indemnizados y reparados para obtener una verdadera justicia. No obstante, quedan 24 líderes comunitarios en libertad, pero con un proceso penal abierto el cual debe ser cerrado definitivamente por las mismas razones de violar derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales. Mientras, seguimos esperando que la Justicia en Honduras en equidad investigue y sancione a quienes otorgaron una ilegal concesión sobre una zona de reserva natural fuente de vida para las comunidades.